top of page

El derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

Cada individuo merece vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible.

La degradación ambiental, el cambio climático y el desarrollo no sostenible representan serias amenazas para las generaciones actuales y futuras. El derecho a un medio ambiente sano es una herramienta estratégica para enfrentar estas amenazas. ¿Qué protege este derecho, cuál es su alcance real hoy en día y cuál es su importancia para la protección del medio ambiente?

I. Componentes del Derecho a un Medio Ambiente Sano

Aunque no existe una definición universalmente aceptada del derecho a un medio ambiente sano, este derecho se entiende generalmente como incluyendo derechos sustantivos, es decir, los derechos fundamentales que definen las obligaciones y protecciones básicas, y derechos procesales, es decir, los métodos y procesos que permiten aplicarlos y hacerlos cumplir.

Derechos Sustantivos:

  • Derecho a un aire limpio

  • Derecho a un clima seguro

  • Derecho al acceso a agua potable y saneamiento

  • Derecho a una alimentación saludable y producida de manera sostenible

  • Derecho a un entorno no tóxico para vivir, trabajar, estudiar y recrearse

  • Biodiversidad y ecosistemas saludables

Derechos Procesales:

  • Acceso a la información ambiental

  • Participación pública en la toma de decisiones ambientales

  • Acceso a la justicia y a recursos efectivos en materia ambiental

El contenido específico de estos derechos se basa en las mejores pruebas científicas disponibles. Está definido por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Por ejemplo, la OMS publica directrices sobre la calidad del aire y del agua, mientras que el IPCC proporciona informes sobre las acciones necesarias para limitar el calentamiento global. Además, este derecho está estrechamente relacionado con otros derechos, en particular el derecho a la vida, el derecho al más alto nivel posible de salud, el derecho a la privacidad y la vida familiar, y el derecho a un nivel de vida adecuado.

II. Utilidad Concreta del Derecho a un Medio Ambiente Sano

Como señaló David R. Boyd, ex Relator Especial sobre el derecho a un medio ambiente sano, este derecho a menudo sirve como catalizador para una serie de beneficios importantes, incluyendo:

  • Leyes ambientales más fuertes

  • Políticas ambientales más efectivas

  • Mejora en la implementación y cumplimiento de estas leyes y políticas

  • Aumento de los niveles de participación pública en la toma de decisiones ambientales

  • Mejora en el acceso a la información y a la justicia

  • Reducción de las injusticias ambientales

Quizás la conclusión más importante a la que han llegado los investigadores es que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano contribuye a mejores resultados en materia de derechos humanos a través de un mejor desempeño ambiental, incluyendo un aire más limpio, mejor acceso al agua potable y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Estudios profundos sobre el derecho a un medio ambiente sano han llevado a las siguientes conclusiones:

  • Los estados cuyas constituciones consagran el derecho a un medio ambiente sano tienen una huella ecológica más baja, están mejor clasificados en los índices globales de indicadores ambientales, son más propensos a ratificar acuerdos internacionales sobre el medio ambiente y han avanzado más rápidamente en la reducción de las emisiones de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y gases de efecto invernadero que los estados que no han adoptado tales disposiciones.

  • Los derechos constitucionales en materia ambiental tienen una influencia causal positiva en el desempeño ambiental.

  • Los derechos constitucionales en materia ambiental están positivamente relacionados con el aumento de la proporción de poblaciones que tienen acceso a aguas residuales seguras.

 

III. Reconocimiento del Derecho a un Medio Ambiente Sano a Nivel Internacional, Regional y Nacional

 

A. Reconocimiento Internacional:

En 1972, durante la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, los estados adoptaron la Declaración de Estocolmo, cuyo primer principio menciona el derecho a un medio ambiente sano y el deber de proteger el medio ambiente.

El reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente sano por la Asamblea General de las Naciones Unidas representa un hito clave en la campaña de defensa liderada por los movimientos de justicia ambiental y la sociedad civil. Las resoluciones adoptadas respectivamente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021 y 2022 marcan un avance significativo para este derecho. Sin embargo, se observa una brecha: este derecho hoy se proclama principalmente en grandes textos ambientales carentes de valor jurídico.

Junto a estos grandes textos internacionales de carácter simbólico, algunas convenciones internacionales sectoriales o regionales consagran el derecho a vivir en un medio ambiente sano, para un ámbito o área geográfica específica. Por ejemplo, el Convenio de Aarhus, cuyo alcance geográfico está principalmente limitado a los estados miembros de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), se centra en el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sin embargo, protege en su primer artículo "el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar."

 

B. Reconocimiento Regional:

Los organismos regionales, como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también reconocen este derecho, fortaleciendo así las leyes y políticas nacionales e incentivando una jurisprudencia innovadora en la protección del medio ambiente. Este derecho ha sido incluido en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), el Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1988), el Convenio de Aarhus (1998), la Carta Árabe de Derechos Humanos (2004), la Declaración de Derechos Humanos del Sudeste Asiático (2012) y el Acuerdo de Escazú en América Latina (2018).

 

El Artículo 24 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, el Artículo 38 de la Carta Árabe de Derechos Humanos de 2004, y el Artículo 11(1) del Protocolo de San Salvador a la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen todos el derecho a un medio ambiente sano. De manera similar, la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN de 2012 y el Acuerdo de Escazú tienen como objetivo proteger este derecho para las generaciones presentes y futuras, integrando un medio ambiente seguro, limpio y sostenible como elemento esencial del derecho a un nivel de vida adecuado.

Finalmente, aunque el derecho a un medio ambiente sano está ausente del texto del Convenio Europeo de Derechos Humanos tal como fue adoptado en 1950, el Tribunal de Estrasburgo ha trabajado desde entonces para protegerlo indirectamente a través de los derechos garantizados, mediante una interpretación dinámica de la Convención. Considera, como se reiteró en el caso Klimaseniorinnen v. Suiza del 9 de abril de 2024, en el que la asociación "Mujeres Mayores por la Protección del Clima" se quejaba de la insuficiencia de las políticas climáticas suizas ante los impactos del cambio climático en su salud y bienestar, que el derecho a la vida privada y familiar protegido en el artículo 8 de la Convención incluye obligaciones positivas del Estado para proteger a las personas contra graves daños ambientales.

C. Reconocimiento Nacional:

El derecho a un medio ambiente sano es ahora reconocido por más del 80 % de los estados miembros de las Naciones Unidas (161 de 193 estados) a través de constituciones, legislación y tratados regionales. Esto demuestra un amplio consenso sobre la importancia de este derecho a nivel mundial.

 

 

​IV. Obligaciones de los Estados Derivadas del Derecho a un Medio Ambiente Sano

A. Obligaciones de los Estados:

  • Adopción de reformas constitucionales, legislativas y políticas adecuadas

  • Implementación de leyes y políticas de protección ambiental, tales como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los Planes Nacionales de Adaptación y las Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad

  • Garantizar el acceso a la justicia ambiental y a recursos efectivos

  • Responsabilizar a las empresas por los daños ambientales, independientemente de dónde ocurran

  • Tomar medidas individuales y colectivas mediante la cooperación internacional

 

B. Obligaciones de los Actores No Estatales:

Las empresas también tienen responsabilidades en materia de derechos humanos, incluyendo el respeto de los derechos relacionados con un medio ambiente sano. Esto implica evitar causar o contribuir a impactos negativos en los derechos humanos a través de sus actividades, tales como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación.

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano marca un paso crucial en la protección de los derechos humanos y del medio ambiente. Al integrar derechos sustantivos y procesales, este derecho, cuando se respeta, protege y aplica, ayuda a combatir la triple crisis planetaria que enfrentamos. Los Estados y las empresas tienen obligaciones claras para respetar y promover este derecho, principalmente a través de políticas adecuadas y el acceso a la justicia. Al fortalecer estos compromisos, podemos garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos, esencial para el disfrute de todos los demás derechos humanos.


 

Fuentes:

The Right to a Healthy Environment, a User’s Guide. David R. Boyd, ex Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, 2024.
 

bottom of page